El resultado de los comicios determinará si el ejército sigue dominando la vida política del país. De ser así, las perspectivas son sombrías para un país cuya importancia estratégica es vital
Esta mañana, Akber Khan acababa de votar en un colegio electoral en Quetta y se disponía a volver a su tienda cuando una explosión le derribó. “Caímos al suelo. La mayoría de la gente empezó a correr. Pasados diez minutos, cuando ya no había tanto caos, empezamos a recoger a los heridos. Los llevamos en vehículos privados porque las ambulancias no habían llegado todavía”, relata. Todavía no lo sabía, pero se trataba de un atentado del Estado Islámico que ha dejado ya 31 muertos y una treintena de heridos, que ha ensombrecido la jornada electoral en Pakistán.
No ha sido tan sangriento, sin embargo, como el pasado 13 de julio, cuando un suicida mezclado entre el público de un mítin hizo estallar los explosivos que llevaba ocultos bajo la ropa, matando a 149 personas e hiriendo a otras 186 en la localidad de Mastung, en Baluchistán. El mismo día, una bomba oculta en una motocicleta dejó otros 5 muertos y 37 heridos en Bannu, cerca de la frontera con Afganistán. Hace apenas tres días, otro suicida acabó con la vida de un candidato electoral y su chófer. En total, más de doscientas personas han muerto y unas 340 han resultado heridas en atentados de este tipo en los últimos meses.
Esta campaña terrorista da la medida de hasta qué punto las elecciones de hoy se celebran en un clima que está lejos de la normalidad. En muchos sentidos, son los comicios menos libres de las últimas décadas en este país de 212 millones de habitantes, cuya importancia estratégica es vital para la seguridad de Asia. “El aparato político parece estar siguiendo el ejemplo de Turquía y Egipto, donde el poder ha restringido los medios e intimidado a la sociedad civil justo antes de unas elecciones. Aunque los comicios están siendo supervisados por un gobierno civil interino, el poder real parece descansar en el ejército y la judicatura paquistaní, que ve la democracia sin restricciones como una amenaza”, afirma Ahmed Rashid, el periodista de Pakistán más conocido internacionalmente.
En los últimos dos años, muchos activistas políticos y periodistas han sido secuestrados por las fuerzas de seguridad e intimidados antes de volver a ser puestos en libertad. Medios opositores, como Dawn, el principal diario en inglés del país, han visto limitada su distribución en algunas zonas del país, que ya ostenta la posición 139 de 180 en el ránking de Reporteros Sin Fronteras. Además, miembros del partido gobernante, la Liga Musulmana de Pakistán (PML), y del opositor Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), aseguran haber recibido presiones de los servicios de inteligencia para que se pasasen al Movimiento por la Justicia (PTI), una formación minoritaria pero que, según numerosos observadores, goza del favor del ejército. Muchos han optado por hacer caso a la advertencia.
Imran Khan, el “candidato del ejército”
En gran medida, estas elecciones son el último episodio de una batalla entre el PML y el ejército que lleva varios años en marcha, iniciada por el antiguo líder del partido, el ex primer ministro Nawaz Sharif. Un antiguo protegido de las fuerzas armadas durante los años 80 y 90, se volvió contra los militares tras el golpe de estado de Pervez Musharraf en 1999. Exiliado en Arabia Saudí durante 8 años, regresó al país en 2007 para retomar su carrera política, y se convirtió en primer ministro en 2013. Durante su mandato, trató de mejorar las relaciones con la India y se opuso a que el ejército controlase la política exterior de Pakistán.
Pero su estrella se apagó el año pasado, cuando la investigación sobre los Papeles de Panamá reveló que su familia poseía activos en paraísos fiscales y propiedades de origen no declarado en Londres. En julio del año pasado fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, y a principios de este mes fue condenado a 10 años de cárcel por esos hechos. Pero aunque los cargos puedan ser ciertos, muchos de sus partidarios consideran que el juicio a Sharif no ha sido justo y que el dictamen estaba decidido de antemano. El sábado pasado, un juez del Alto Tribunal de Islamabad acusó al ISI, el servicio de inteligencia paquistaní, de interferir en la judicatura y forzar la sentencia contra Sharif y sus parientes.
“Cientos de personas han sido arrestadas de forma arbitraria por la única razón de que apoyan a Nawaz Sharif. Lo que una vez fue un espacio político vivo y vibrante se ha convertido en algo asfixiantemente pequeño”, asegura Omar Wariach, subdirector para el sur de Asia de Amnistía Internacional. Se han abierto casi 17.000 investigaciones criminales contra miembros y simpatizantes del PML. “A aquellos partidos que parecen no cuestionar abiertamente el papel del ejército no se les somete al tipo de investigaciones a las que se enfrenta Sharif”, apunta Rashid en un artículo para la publicación Foreign Affairs.
El ejército, de hecho, parece estar favoreciendo la candidatura de Imran Khan, una antigua estrella del cricket reconvertido en líder del Movimiento por la Justicia (PTI), una formación que basa su campaña en la denuncia de la corrupción y el nepotismo, y que se ha convertido en la favorita de la juventud paquistaní. Khan ha expresado opiniones como que la lucha de los talibanes contra la coalición internacional en Afganistán está justificada, una idea que comparten muchos mandos militares paquistaníes.
Las elecciones, en cualquier caso, se decidirán en el Punjab, la más populosa de las cuatro regiones administrativas de Pakistán, a la que corresponden 141 de los 272 escaños de elección directa en el Parlamento, y que según las encuestas sigue siendo un bastión electoral del PML. “Lo que está en juego en estos comicios es el destino de Pakistán”, ha declarado Hina Rabbani, ex ministro de exteriores y candidato del PPP, al New York Times. “Puede que yo odie a Nawaz Sharif por sus elecciones políticas, pero creo que el sistema necesita corregirse a sí mismo, y no podemos seguir permitiendo que fuerzas externas lo corrijan”, afirma, en clara alusión a las fuerzas armadas.
Extremistas ante las urnas
“Los votantes paquistaníes normalmente votan en base a una mezcla de preferencias de candidato y de partido, lo que –en ausencia de un candidato claro y de unas ideologías de partido, y ante los cambios de chaqueta y deserciones partidistas- significa que el resultado en estas elecciones es casi imposible de predecir”, afirma Madiha Afzal, analista de la Institución Brookings. El tercer candidato en discordia, Bilawal Bhutto Zardari –hijo de los ex primeros ministros Benazir Bhutto, asesinada por un suicida en 2007, y Asif Ali Zardari, que concurre como cabeza del partido de sus padres, el PPP- carece de fuerza electoral fuera de la provincia de Sindh, lo que en la práctica significa que, casi con certeza, las elecciones se resumen a un pulso entre el PML y el PTI.
Pero paradójicamente, eso puede jugar a favor de las fuerzas armadas, si el resultado es un parlamento extremadamente fragmentado o una coalición de gobierno débil. “Ese es exactamente el tipo de administración que querría el ejército, porque un Gobierno frágil y dividido sería más fácil de manejar que uno unido con un mandato fuerte”, ha señalado Michael Kugelman, experto en el sur de Asia del Centro Wilson de Washington, al diario The Guardian.
Y por desgracia para Pakistán, un ejército manejando los hilos significa más de lo mismo, en un contexto ya extremadamente complicado. El pasado junio, el país fue incluido en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (FATF) del G8 por su inacción a la hora de actuar contra los grupos terroristas radicados en territorio paquistaní, entre los que destacan Lashkar-e-Toiba (responsables de los atentados de Bombay en 2008, entre otros muchos) y la red Haqqani y los talibanes afganos. En enero, la Administración Trump había congelado la ayuda militar a Pakistán por valor de 1.300 millones de dólares por su ambigüedad y falta de cooperación en Afganistán.
Pese a todo ello, las autoridades paquistaníes no parecen muy motivadas a cambiar de rumbo. A unos doscientos miembros de Lashkar-e-Toiba se les ha permitido concurrir como candidatos al Parlamento bajo una nueva plataforma electoral llamada Allah-o-Akbar Tehreek (“Movimiento Alá es Grande”), y el líder de la organización armada, Hafiz Saeed, ha dado mítines abiertamente pese a la recompensa de 10 millones de dólares que EEUU ofrece por él. Además, los responsables militares quieren expulsar a 22 organizaciones internacionales –entre ellas Oxfam, ActionAid, Plan Internacional y la Open Society de George Soros-, acusadas de ser un “obstáculo a la seguridad de Pakistán”.
De no producirse un cambio notorio de actitud, en septiembre Pakistán pasará a la lista negra de la FATF, lo que implicará la imposición de sanciones y un marcado deterioro de la situación económica. Para compensarlo, el ‘establishment’ paquistaní confía en estrechar aún más los lazos con China, uno de sus grandes aliados históricos (le apoyó, por ejemplo, durante la guerra de independencia de Pakistán Oriental, el actual Bangladesh, que a su vez contó con el respaldo de la India). Pekín trabaja en proyectos de infraestructuras por valor de 60.000 millones de dólares, como parte de un corredor económico que, sin embargo, todavía no ha progresado demasiado. Sin embargo, China también ha apoyado las medidas punitivas de la FATF, temeroso de que un incremento del extremismo en Asia Central acabe afectando a sus fronteras occidentales en la región de Xinjiang y a su propia y levantisca población musulmana.
Una victoria de un PML abiertamente posicionado contra la injerencia militar podría alterar estos cálculos. Sin embargo, el triunfo de Khan o la formación un ejecutivo endeble señalarán la continuación del arbitraje del ejército en la vida política del país. Y en ese caso, en las circunstancias actuales, el aislamiento de Pakistán podría acabar siendo inevitable.
